¿Qué Congreso queremos para el Bicentenario? (Benjamín Alemparte)

El Congreso Nacional es la fuente de la deliberación política de una democracia constitucional, es el poder representativo por excelencia, donde confluyen las diversas tendencias ideológicas que buscan generar consensos para dar gobernabilidad a un sistema político.
Se le podría describir como el motor de un régimen democrático.
En Chile, nuestro Congreso dista bastante de la representatividad y fuerza que debiese tener este órgano a nivel constitucional.
Pongo en duda, la representatividad, por la exclusión que se produce a través del sistema electoral binominal, que al sobrerrepresentar a la segunda mayoría, aísla a una izquierda que tiene un respaldo no menor en las elecciones presidenciales. Además de esto, creo que es necesaria una revisión profunda a la L.O.C de los partidos políticos (Ley 18.603, en especial el Título IV titulado “de la Organización Interna de los Partidos Políticos”), ya que en materia de democracia interna dejan mucho que desear, considerando la poca movilidad política que se manifiesta entre sus integrantes. No está de más mencionar, la pésima evaluación que reciben por la opinión pública (Para estos efectos ver Estudio Nacional sobre Partidos Políticos y Sistema Electoral, Marzo-Abril, 2008. Encuesta realizada por Cieplan, Libertad y Desarrollo, PNUD, ProyectaAmérica y CEP)
Cuando hablo de fuerza, me refiero a los altos quórums de reforma constitucional que imposibilitan a la mayoría del congreso imponerse en materias importantes. Esto a su vez desprestigia y debilita aun más la labor de los parlamentarios ante la opinión pública, que no ve en la práctica un congreso que brinde soluciones eficaces en materias legales. Es necesario en esta línea, potenciar las atribuciones del Congreso en materias de ley y fiscalización para que de esta forma sea un contrapeso eficaz ante el ejecutivo. Así, desde la lógica de Madison, el freno no surge de la función prescrita de frenar sino del poder de frenar (El Federalista. Fondo de Cultura Económica, México (1982) p.210). De esta forma, la fuerza supone contrarrestar los desequilibrios. El hecho de que ciertos parlamentarios se cuelguen de la facultad del Ejecutivo en dar urgencia a ciertos proyectos o que el Presidente tenga iniciativa exclusiva sobre una gran cantidad de materias, constituye una contradicción al principio de que el poder Legislativo es el legislador por antonomasia (al ver que una mayoría de las materias que se debaten en el congreso sean proyectos enviados precisamente por el Ejecutivo). A esto, le agregaría la enorme capacidad de veto que tiene el Presidente, que constituye un obstáculo a la real voluntad política del Congreso.
Como crítica a los parlamentarios, en cuanto a sus atribuciones de control sobre el ejecutivo, considero que a la institución de la interpelación, no se le ha dado el uso que pudiese tener como puente de comunicación constante entre ambos poderes. Pienso que pudiesen ser utilizadas como mecanismos de control por parte de los parlamentarios y de información por parte de la ciudadanía, que a la vez puedan complementarse con la tarea de las comisiones especiales investigadoras (que por la proliferación de éstas, debiesen estar mejor reguladas junto a establecer metas específicas). Considero que a través de una mejor interpretación constitucional se pudiesen establecer prácticas que no han sido exploradas y que contempla nuestra constitución de manera de flexibilizar la interacción de estos dos poderes. De hecho fue a través de esto y en conjunto con las diversas reformas que se llevaron a cabo, lo que llevó a liberalizar la Constitución autoritaria de 1833 desde la segunda mitad del siglo XIX. Pienso que mediante un similar proceso, puede dársele al Congreso un nuevo empuje, para que éste sea un verdadero reflejo de las aspiraciones que tenemos para Chile en nuestro Bicentenario.